Argentina sorprendió ayer con su anuncio de que denunciará penal y civilmente a los líderes del corte del puente San Martín, una decisión que irritó a los piqueteros de Gualeguaychú y despertó reacciones encontradas en el oficialismo uruguayo.
Cuando todos esperaban que de un momento a otro el gobierno de Cristina Kirchner le diera la orden a la Gendarmería para desalojar el piquete de la ruta 136 que bloquea el acceso al puente San Martín, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció al caer la tarde que se había presentado una demanda civil y penal contra los responsables del bloqueo.
"Los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la Justicia", afirmó Fernández, y sostuvo que "hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial" que ordene levantar el bloqueo.
Fernández aludía así al último fallo de la Justicia argentina en contra del bloqueo, el que emitió esta semana el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. El magistrado recordó el martes 8 que existe un fallo "previo" que ordena garantizar la circulación de vehículos por el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Sin embargo, Pimentel en ningún momento ordenó, explícitamente, el desalojo del piquete.
El jefe de Gabinete explicó -tras una larga reunión con la presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak- que "no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible".
La demanda del gobierno contra los responsables del piquete fue radicada ayer en el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
Fernández dijo que la denuncia penal es por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo.
En el piquete de Arroyo Verde, dos centenares de simpatizantes de la Asamblea de Gualeguaychú reaccionaron indignados, entre silbidos e insultos, cuando Fernández mencionó la lista de delitos que se les imputa.
"La querella en sí misma procura definir con nombre y apellido a los responsables de no acatar el fallo" de la Corte Internacional de La Haya, explicó Fernández.
En cuanto a la denuncia civil, dijo que es porque existe "responsabilidad de quienes generan acciones que provocaron cierres de negocios y exportaciones e importaciones, además de la compra de productos uruguayos necesarios, entre otras cosas".
"En el tiempo más breve posible debe ser liberado el puente", concluyó Fernández.
En el gobierno uruguayo no hubo comentarios sobre esta estrategia argentina. "Cancillería no hablará y tampoco nadie del gobierno, porque es un tema planteado en la interna argentina. Uruguay no quiere interferir y pretende ver cómo siguen los acontecimientos", dijo a El País el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Y agregó: "Uruguay se quedará callado a la expectativa de lo que pasa para no interferir en la interna argentina".
Cuando todos esperaban que de un momento a otro el gobierno de Cristina Kirchner le diera la orden a la Gendarmería para desalojar el piquete de la ruta 136 que bloquea el acceso al puente San Martín, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció al caer la tarde que se había presentado una demanda civil y penal contra los responsables del bloqueo.
"Los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la Justicia", afirmó Fernández, y sostuvo que "hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial" que ordene levantar el bloqueo.
Fernández aludía así al último fallo de la Justicia argentina en contra del bloqueo, el que emitió esta semana el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. El magistrado recordó el martes 8 que existe un fallo "previo" que ordena garantizar la circulación de vehículos por el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Sin embargo, Pimentel en ningún momento ordenó, explícitamente, el desalojo del piquete.
El jefe de Gabinete explicó -tras una larga reunión con la presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak- que "no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible".
La demanda del gobierno contra los responsables del piquete fue radicada ayer en el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
Fernández dijo que la denuncia penal es por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo.
En el piquete de Arroyo Verde, dos centenares de simpatizantes de la Asamblea de Gualeguaychú reaccionaron indignados, entre silbidos e insultos, cuando Fernández mencionó la lista de delitos que se les imputa.
"La querella en sí misma procura definir con nombre y apellido a los responsables de no acatar el fallo" de la Corte Internacional de La Haya, explicó Fernández.
En cuanto a la denuncia civil, dijo que es porque existe "responsabilidad de quienes generan acciones que provocaron cierres de negocios y exportaciones e importaciones, además de la compra de productos uruguayos necesarios, entre otras cosas".
"En el tiempo más breve posible debe ser liberado el puente", concluyó Fernández.
En el gobierno uruguayo no hubo comentarios sobre esta estrategia argentina. "Cancillería no hablará y tampoco nadie del gobierno, porque es un tema planteado en la interna argentina. Uruguay no quiere interferir y pretende ver cómo siguen los acontecimientos", dijo a El País el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Y agregó: "Uruguay se quedará callado a la expectativa de lo que pasa para no interferir en la interna argentina".
El País Digital
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